Díaz Canel habla sobre la Ley de Comunicación Socia. Foto: Estudios Revolución.

(Versión no oficial)

La Ley representa un primer paso en el proceso de regulación y organización del Sistema de Comunicación Social en Cuba, y así debe ser entendida, aun cuando sea fruto de un largo proceso de debate y revisión.

No está escrita en piedra, como no puede estarlo nada relacionado con la Comunicación Social en la veloz época que vivimos, justamente como consecuencia del desarrollo de la llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Aunque los objetivos declarados y la redacción de los artículos de esta Ley, tienen un enfoque necesariamente regulatorio, su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la comunicación para el desarrollo del país.

El largo periodo de confrontación y la agresividad que caracteriza la criminal política del Gobierno estadounidense, impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana y, de manera particular, en lo comunicacional, pero no es ni de lejos la razón de esta Ley.

Lo que estamos convocados a aprobar hoy es, fundamentalmente, el diseño de un marco de posibilidades que apunten al desarrollo del Sistema de Comunicación Social en Cuba que, además, hemos concebido como uno de los pilares de la gestión de Gobierno.

Si la norma tiene límites, y los tiene, es porque reconoce y expresa el estado actual en las áreas del conocimiento y la práctica profesional asociada a la comunicación en Cuba. Eso significa que necesariamente deberá seguir articulándose y desarrollándose.

Incluir aspectos relacionados con la comunicación institucional y comunitaria, y no solo mediática o asociada específicamente a la prensa, aporta una visión más integral de lo que es la comunicación.

Uno de los grandes desafíos que nos impone ahora mismo la nueva Ley, se deriva de las concepciones, visiones e interpretación de la comunicación en el ámbito digital y su integración con el resto del Sistema, por la complejidad de un escenario que evoluciona a una velocidad sin precedentes, tal como habíamos comentado antes.

Quisiera resaltar la importancia de reconocer e incluir el papel y lugar de las personas en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, pues todos los que participan en los procesos comunicacionales, inciden, interactúan, se relacionan, tienen niveles de influencia y en suma actúan de forma directa o indirecta en sus lógicas de funcionamiento, deciden en algún grado la eficacia de la Comunicación.

Por otra parte, estos ámbitos sólo cobran sentido en su interrelación con las personas, desde las acciones que se diseñan para ellas, con ellas o teniendo en cuenta sus características y/o necesidades.

Es fundamental y necesario, que junto con esta Ley y a favor de su implementación más efectiva, se promueva e impulse la educación para la comunicación y la alfabetización mediática e informacional en las personas.

Hablo de la necesidad imperiosa de dotar a la población de conocimientos, capacidades y herramientas para una comprensión y valoración crítica de las lógicas de funcionamiento de los medios, además de potenciar y facilitar el acceso a ellos y a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Reconocer y ponderar la educación para la comunicación es crucial para asumir los nuevos procesos comunicacionales, que hoy se manifiestan sobre todo en el espacio digital, incluyendo los que existen y los que deseamos crear o fortalecer como sociedad socialista.

Es imprescindible comprender cuánto ha impactado el desarrollo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el rol de los sujetos que intervienen en esos procesos.

Ya no se trata de la simple fórmula emisor-mensaje-receptor. Hoy puede tener más impacto un solo usuario en cualquier plataforma digital, que los tradicionales “medios de comunicación”, incluso aquellos con presencia en las redes. Presencia no garantiza visibilidad.

Más de dos tercios de la población global accede hoy con cierta regularidad a Internet, pero este espacio está cada vez más dominado por un grupo reducido de trasnacionales que, a través de plataformas, servicios, sistemas, han logrado captar el tráfico y la atención de prácticamente todos los usuarios.

Este nivel de concentración del consumo en plataformas que no son de propiedad pública, y que establecen restricciones a las prácticas de los usuarios en función de sus intereses (aunque en el discurso digan todo lo contrario), así como los mecanismos de filtrado de la información a partir de algoritmos, hacen que el acceso a la información y las posibilidades de comunicación sean, en apretada síntesis, cada vez menos de dominio y uso público. Cada vez menos democráticos.

Como la ley es una norma de alto impacto estratégico, por regular uno de los ámbitos de mayor ataque contra Cuba, algunos de los debates principales en sectores intelectuales y profesionales se han centrado en aspectos puntuales de la norma que pudieran favorecer o legitimar determinadas manifestaciones de subversión e impacto para la seguridad nacional, en un contexto de intensa guerra mediática.

Los principales elementos de debate han tenido un enfoque preventivo ante la subversión y apuntan principalmente hacia el carácter de los medios y su propiedad; la regulación en torno a la figura del patrocinio y dentro de esta el mecenazgo.

En función de esas preocupaciones se hicieron ajustes en su articulado y enunciados, buscando eliminar ambigüedades y evitar futuras interpretaciones que pudieran contradecir el espíritu y la letra de la Constitución.

De hecho, la Ley se refiere a la Constitución al menos 20 veces y se recuerda en 14 menciones expresas que debe regirse «conforme a las leyes y otras disposiciones normativas vigentes”.

La ley reconoce que la información que soporta los procesos comunicacionales ha de ser veraz, objetiva, oportuna, actualizada, verificada y comprensible. Estos son principios básicos.

En cuanto a la comunicación en el ámbito organizacional, la Ley que hoy terminamos de discutir, debe convertirse en un instrumento de trabajo permanente, en función de terminar de entender que el fin no es el mensaje que trasladen, sino la utilidad imprescindible de la gestión comunicacional en función de los objetivos estratégicos de la entidad.

Esta legislación debe permitirnos superar los vacíos y vencer las inercias institucionales. Ante una situación determinada que esté impactando negativamente en la población, los servidores públicos responsables están obligados a informar de inmediato, desde todos los espacios posibles. Por su parte, toca a la prensa contar primero y responsablemente, cada información sensible para el pueblo.

Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social para favorecer la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, para poner en común, es decir unir todos nuestros conocimientos en función de extraer las mejores ideas, articularnos, generar consenso.

Vivimos en un país estructurado y organizado, donde se trabaja mucho para resistir el embate de un acoso hostil y asfixiante, siempre empeñados en seguir adelante hacia un mayor bienestar social.

Compete fundamentalmente a la Comunicación Social, contribuir a la construcción de la imagen país en correspondencia con los atributos que identifican a la nación y la realidad que vivimos. Ese proyecto estratégico podrá ser diseñado por expertos, pero lo construímos todos, cada día.

Esa verdad, de la que el pueblo es protagonista fundamental, hay que hacerla notar todos los días.

Hagámoslo sin altisonancias, ni alardes, desde la responsabilidad, la ética y la virtud, desde la firmeza y la coherencia, desde la elegancia y la mesura, sin retóricas que provoquen agobio y rechazo, con argumentos y sentimientos, desde la sensibilidad.

La Revolución es diálogo verdadero que antepone la verdad y la ética a la indecencia y la perversidad, que no negocia su existencia, no legitima a mercenarios y actúa con seguridad y firmeza.

Enfrente tenemos más de un espacio tomado por extremistas, fundamentalistas, donde las fuerzas anticubanas, generadoras de odio, actúan en permanente disposición para el linchamiento a base de mentiras, manipulación, tergiversaciones, incitación a la violencia e incluso a la agresión militar.

Una de las agrupaciones musicales más populares dentro y fuera de Cuba, está sufriendo ahora mismo, el ataque de odiadores profesionales, alentados desde plataformas tóxicas con un solo objetivo: provocar el fin de la Revolución.

Cualquiera que hoy defiende la verdad está expuesto no sólo a pagar el precio por sus ideas, sino a sufrir la descalificación personal, la censura y el odio.

No nos asusta el desafío. Lo asumimos con orgullo y dignidad.

Pero esa defensa es sólo una parte de nuestro sentido de nación, que se ha conformado con la suma de las individualidades que somos, unidas esencialmente en los esfuerzos por superar nuestras insuficiencias y en la comunión de sueños por alcanzar.

Una de las expertas que más ha contribuido al texto legal, la Dra Hilda Saladrigas, ha resumido una esencia fundamental de esta ley en un frase con la que quisiera concluir: “Cuba, …en su particularidad, puede y debe hacer las prácticas todas y las comunicativas sociales, de modo diferente, de modo revolucionario”.

Quiero expresar mi admiración profunda por los jóvenes diputados que han hablado hoy aquí y han  ofrecido argumentos cultos y comprometidos a favor de la Ley.