Una de las principales preocupaciones de los cubanos, incluso antes de comenzar la Tarea Ordenamiento, ha sido los precios de los productos alimenticios en el mercado.

Procurar que el salario mensual permita adquirir una cantidad suficiente de alimentos y disponer aún de dinero para otras necesidades, constituye una de las prioridades de las familias y con las nuevas medidas tomadas, incluso algunas desde hace años, se busca que la población vea una mejoría en este sentido.

Pero ¿qué sucedió a principios de enero cuando comenzó la Tarea Ordenamiento y como parte de ella aumentaron los salarios y pensiones? Los precios subieron de una manera desorbitada, sobre todo los de aquellos productos agrícolas que por diversos motivos no satisfacían la demanda de la población.

Ante esta situación y a partir de constantes denuncias de los consumidores, se autorizó a los gobiernos provinciales limitar el precio de aquellos productos que consideraran sobrevalorados, y se les dio la potestad a los órganos competentes de multar a quienes incumplieran lo establecido.

Meisi Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios (MFP), reconoció el rol de la población en la correcta implementación de las políticas de precios aprobadas como parte del proceso de Ordenamiento monetario, y declaró que en los primeros 13 días de enero se recibieron en el organismo cerca de 500 comunicaciones y 78 denuncias directas.

Según Lourdes Rodríguez, viceministra del MFP, los productos agropecuarios y los servicios gastronómicos presentan la mayoría de infracciones en sus precios, mientras el 65 por ciento de las violaciones se han detectado en las formas de gestión no estatal y el resto en las entidades estatales.

Esta valoración se puede comprobar en Matanzas, donde propietarios con licencias para vender renglones del campo y ofrecer servicios gastronómicos incurren en el mayor número de violaciones y se les imponen decretos como el 357, consistente en dos mil pesos de multa, decomiso de productos y el cierre total del establecimiento.

Ante realidades similares en Artemisa, por ejemplo, fue esencial establecer montos topes de compra y venta para cultivos de primera calidad y la autonomía a las empresas, para acordar menores cuantías, de ser de calidad inferior.

Las autoridades de la occidental provincia han reconocido que el cambio de precios en los productos agropecuarios es un proceso que requiere adecuaciones y control para satisfacer a todos los involucrados.

Orestes Llanes, jefe del subgrupo de fiscalización y control en La Habana, aseguró que se reforzarán las medidas en las violaciones a la política de precios desarrollada a partir de la implementación del Ordenamiento Monetario.

En tal sentido demandó del pueblo una mayor participación en el enfrentamiento a los infractores, a la vez que informó que están creadas las condiciones para denunciar a cuanto ciudadano pretenda comercializar productos agrícolas u otros alimentos con precios superiores a los establecidos por el Gobierno de la ciudad.

De hecho, gracias a la participación activa de los consumidores los grupos para la fiscalización y control del Gobierno de La Habana han aplicado multas de entre mil y dos mil pesos a ciudadanos que cometen ilegalidades, detectadas durante recorridos diarios por diferentes establecimientos.

Por ejemplo, hace pocos días fue penado con una sanción de mil pesos, por incumplir la Resolución 19 de 2020 que establece los precios máximos minoristas a 44 productos agrícolas, un cuentapropista, quien en el momento de la inspección vendía el tomate a 10 pesos la libra.

El trabajador particular justificó esta subida por el alza del monto a pagar por sus mercancías a los proveedores, los cuales también han encarecido las ofertas.

En Santiago de Cuba se analizó la propuesta de precios con productores, formas productivas y las partes que integran la infraestructura que funciona desde la tierra hasta el mercado.

No obstante, se explicó que la política de precios que se maneja contribuirá a eliminar una vieja distorsión ya que incrementa el margen de ganancias para los productores, al tiempo que disminuye el de las entidades comercializadoras.

Con las nuevas estrategias, la contratación de las producciones adquiere una importancia fundamental para que se disponga de la mayor cantidad de alimentos destinados al Consumo Social, la comercialización en mercados y el turismo, entre otros destinos.

Aunque gracias a las medidas tomadas por los gobiernos locales, y el país en general, se han estabilizado los precios de los productos, se debe mantener un control estricto hacia quienes, ante la poca disponibilidad, encarecen los surtidos.

También, sigue siendo necesario procurar mejores rendimientos en los campos, a pesar de las limitantes y ofrecer a la población no sólo mayor cantidad de alimentos sino opciones variadas y en diferentes gamas de elaboración.

El país hace esfuerzos por elevar los ingresos de los trabajadores, pero ello solo significará mejoría si el costo de la vida no se encarece sobremanera y es, precisamente eso, por lo que se debe velar.