Este tema parece cíclico: “Casi ningún alquiler baja de 5 000 pesos. No sé qué voy a hacer. Sigo buscando pero me estoy quedando sin tiempo porque antes del día 7 debo salir de donde vivo y no tengo donde quedarme. Estoy volviéndome loco”. Al revisar los mensajes de WhatsApp me encuentro este audio de Alejandro, un compañero de estudios en la universidad que ahora está en serios problemas.

Desde que nos graduamos se ha tenido que mudar en más de seis ocasiones. Las ubicaciones, las condiciones del inmueble, problemas con el agua o con los arrendadores han sido de las razones por las que ha cambiado de un sitio al otro. Sumado al tema de los precios, tener un techo donde vivir se ha vuelto una odisea.

“Un mes el alquiler te cuesta un premio y al otro te aumentan mil pesos más como si nada. Siempre es lo mismo, dicen que ‘la cosa esta mala’ o que ‘el dinero no alcanza’, pero suben y suben los precios”.

Para Alejandro la “cosa también esta mala”. Tiene dos trabajos para poder mantenerse en La Habana y mandar algo de dinero a su mamá en Granma, pero cada día dura menos. Cuando se graduó decidió quedarse en la capital para tener mejores opciones, aunque, dadas las circunstancias, se está replanteando regresar a su provincia.

Como Alejandro, hay miles de jóvenes que buscan desesperados por las redes sociales o los grupos de venta opciones asequibles para alquilarse. Se pasan el mes sacando cuentas, porque, también necesitan comer, transportarse, vestirse...etc. Las matemáticas—ni siquiera con más de dos trabajos— alcanzan.

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Quedarse en La Habana—donde siempre la oferta de empleo es mucho mayor— después de la graduación ha sido una práctica común en los estudiantes de provincia. A mediados de la carrera hacen el cambio de dirección para la casa de un familiar—incluso lo pagan— y la ubicación llega por la capital.

En 2020, la población económicamente activa en Cuba era el 66.4% del total de personas en edad laboral, según el Anuario Estadístico de 2021, publicado por la Oficina de Estadísticas e Información (ONEI). En el caso de los más jóvenes, entre 17 y 29 años, la categoría ocupacional más común a la hora de desempeñar un trabajo era la de operarios, seguida por la de técnicos y trabajadores de servicios.

Parte de los cubanos pertenecientes a esos grupos etarios se encuentran cumpliendo su servicio social, actividad que, según los artículos 70 y 71 del Código de Trabajo, tienen el deber de realizar quienes se gradúan de la educación superior en cursos diurnos y los graduados de la enseñanza técnico-profesional, en correspondencia con la demanda de fuerza de trabajo calificada.

El servicio social tiene una duración de tres años y se combina con el servicio militar activo, de modo que la suma de ambos complete los tres años. Se cumple en la labor y entidad a las que se destine el graduado. Pero muchas veces, por cuestiones personales, los jóvenes migran de provincia y deben cambiar también de centro laboral. ¿Qué ocurre entonces?

Yumerky Santana Delgado, directora de Fuerza de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explica que los recién graduados pueden hacer el cambio de ubicación laboral fuera y dentro de la provincia, siempre y cuando el organismo al que se subordina la entidad en la que están ubicados los libere, a partir de la carta de aceptación de la entidad para la cual los recién graduados tienen interés en trabajar.

El organismo que libera es el encargado de realizar el trámite con el Ministerio de Trabajo, explica Santana Delgado, y el cambio de boleta es el paso final de ese proceso. Sin embargo, es una tramitación donde pueden ocurrir irregularidades.

Es el caso de Manuel, graduado de Cultura Física por la Universidad de Matanzas. Tras seis meses de servicio social en un combinado deportivo en su provincia, decidió cambiar la residencia a La Habana y terminar su servicio social como profesor de una escuela. Pero el combinado deportivo que lo liberó no le notificó la realización del trámite con el Ministerio de Trabajo y, seis meses después, sigue laborando en la escuela de La Habana, con la boleta por Matanzas. 

Los jóvenes suelen migrar a la capital porque ofrece posibilidades más atractivas de superación, empleo y salario. Según el Anuario Estadístico de 2021, el salario medio mensual en las entidades estatales y mixtas es mayor en provincias como La Habana y Holguín, aunque buena parte de los recién graduados en empresas estatales, si no ocupan plazas fijas, pertenecen a los grupos de complejidad VII, XII y XIII (según su nivel de enseñanza), que implica salarios desde 2 810 hasta 3 465 pesos mensuales.

Ese sueldo “se minimiza” si se compara con el costo de los alquileres. En una revisión del portal online Revolico se puede apreciar que en la capital del país los precios oscilan entre 5 000 pesos mensuales (en municipios como Guanabacoa), hasta 20 000 pesos en Centro Habana o la astronómica cifra de 300 USD en lugares como Playa.

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Milagros y su esposo están alquilados desde hace cuatro años cuando ella terminó en la universidad. “Hemos tenido bastante suerte porque llevamos dos años en el mismo lugar. Pagamos 5 000, una cifra que, comparada con el precio de los otros, está bastante bien. Primero, eran 4000 y luego me lo subieron”.

Las personas con las que viven son mayores, decentes y responsables. “Nunca han intentado sacarnos, pero igual vivimos siempre con el miedo de que en cualquier momento se cansen de alquilar o que te digan que necesitamos pagar más. Eso sería imposible por nuestros salarios porque ambos trabajamos para el sector estatal. De hecho, 5 000 es mucho más que mi salario”.

Asimismo, saben que se complica la convivencia porque no pueden ir sus amistades, ni poner música alta, por ejemplo. “Vivimos cohibidos y además debemos apretarnos más en la economía para pagar los 5000 pesos y suplir todas las necesidades de alimentación, aseo, transporte. Económicamente es duro.

“Cuando decidimos alquilarnos pasamos mucho trabajo para encontrar un precio asequible y que tuviera las condiciones mínimas. Fuimos a muchísimos lugares, municipios, hasta que encontramos este. El tema de la vivienda es muy complicado para los jóvenes, porque es prácticamente imposible pensar en una propia si trabajas para el sector estatal”.

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En 2022 fueron aprobadas por el Ministerio de Educación Superior las resoluciones número 47 y 115, sobre la formación en las carreras universitarias y de técnicos superiores, respectivamente.

Anteriormente, en la Resolución 29 de 2019, se estipulaba que los estudiantes se incorporaran desde el último año de la carrera en el centro de trabajo donde más tarde realizarían el servicio social, o al menos en una entidad homóloga para los estudiantes que residan fuera de la provincia donde estudian.

Según el trabajo “Un acercamiento al Proceso de Ubicación Laboral en la Universidad de La Habana”, publicado por la revista Alma Mater, el plan de plazas se confecciona teniendo en cuenta las demandas del territorio, de los organismos, la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y su lugar de residencia. Por tanto, en el plan que asigna el MTSS están contempladas ubicaciones para los estudiantes que residen en otras provincias.

Cada estudiante debe optar por las plazas que corresponden a su provincia y municipio y, en el caso de los del interior del país, se prioriza ubicarlos en su municipio de residencia.

No obstante, hay entidades que asumen el alojamiento de sus trabajadores cuando residen fuera de la provincia o municipio donde radica el centro. En estos casos se toman en consideración las necesidades del empleador, pero, en general, la ubicación es un proceso que acontece teniendo en cuenta la dirección oficial del estudiante.

En caso de que realicen el cambio de dirección después de publicado el plan de plazas y realizado el proceso de preubicación y ubicación laboral, la universidad es responsable de gestionar ese cambio de plaza, mientras sean estudiantes.

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Rafael, de Mayabeque, hizo su tesis en el Banco Central de Cuba y aunque tuvo la oportunidad de quedarse trabajando, no lo pudo hacer porque el salario (alrededor de 1000 pesos antes del reordenamiento monetario) no le alcanzaba para alquilarse en La Habana. “Tenía que dar los viajes y era muy complicado. Al final me quedé en una habitación que me tocó en un centro de investigación. No me gustaba”.

“En febrero de 2020, antes de la pandemia, un amigo me ofreció trabajar como jefe de turno en el café que hay en 23 y G. “Me pagaban 100 CUC semanal y en ese momento me daba para alquilarme, vivir y hasta para guardar. Eso duró hasta que llegó la covid-19”, cuenta.

Luego trabajó un año y pico en una empresa en Mayabeque, tuvo problemas y apareció un nuevo empleo en La Habana. “Doy 10 000 mensuales y es bien complicado porque ni siquiera puedo guardar dinero. Suerte que trabajo en el sector no estatal y lo puedo pagar con el salario”.

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En Cuba, el arrendamiento de viviendas de propiedad personal ha sido objeto de un tratamiento especial por las leyes. Se han promulgado diversas normas jurídicas en un ir y venir de autorizaciones, limitaciones y prohibiciones. De hecho, el artículo 74 de la Ley General de la Vivienda vigente ha sido el precepto que ha sufrido el mayor número de modificaciones desde su prístina redacción en 1988 hasta nuestros días, refiere el artículo “Del contrato de arrendamiento de viviendas urbanas de propiedad personal para el ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba”, de los juristas Raúl José Vega Cardona y Natacha Doimeadiós Batista.

En la actualidad resulta evidente a lo largo y ancho del país las muchas viviendas en las que de alguna manera se anuncian la renta de habitaciones, espacios e incluso casas completas en las que se prestan diversos servicios, desde los que cubren las necesidades habitacionales más elementales o más exquisitas y refinadas, hasta los que hacen dudar sobre si se está ante una vivienda en sí o ante un establecimiento meramente comercial o industrial.

Varias han sido las modificaciones relacionadas con la vivienda, entre ellas el Decreto-Ley No. 275/2010, “Modificativo del régimen de arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios”, de fecha 30 de septiembre del año 2010, donde se amplía en la norma anterior los fines del arrendamiento de viviendas de propiedad personal al ejercicio del trabajo por cuenta propia, hasta entonces solo reconocidos como habitacionales y para el hospedaje.

Si bien el arrendador tiene obligaciones con el arrendatario, la mayoría de las personas que se dedican al alquiler por tiempo indefinido, y no por noches, no declaran su actividad al Estado para evadir impuestos, y por consiguiente, priva a los que alquilan esa vivienda de sus derechos: los tratan con arbitrariedad, los sacan antes de tiempo pactado porque tienen una oferta mejor y la mayoría de ellos no acepta a mujeres embarazadas, ancianos o mujeres con niños pequeños.

El arrendamiento legal también implica trámites para la autorización, ir a reuniones de vez en cuando, recibir visitas de inspectores, llevar el talón de cobro y el cumplimiento de regulaciones de higiene que no siempre disponen las viviendas.

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La vivienda es un tópico complejo con varias aristas. El tema del precio de los alquileres es un fenómeno directamente proporcional a la crisis económica e inflacional que vive el país. Mientras aumente el costo de los bienes básicos de consumo y los alimentos, crecerán los montos de las viviendas.

Siempre hay “afortunados” que encuentran un alquiler por el mínimo de 5 000 pesos, aun cuando esa cifra supera el salario básico de gran parte de los trabajadores del sector estatal. A ello se suma el desamparo legal al que está sometida la mayoría de los arrendados y la inestabilidad en los lugares. A veces, se aplica la ley de la selva y sale beneficiado el que puede pagar más.

En los grupos dedicados a la promoción de alquileres y en la página de Revolico, la oferta es menor que la demanda porque a los que desean vivir en La Habana, se suman los que buscan independizarse o familias que han crecido y no caben en la casa en la que nacieron. De eso se aprovechan muchos dueños de inmuebles que triplican la cifra, aun cuando la mayoría carece de las condiciones mínimas, incluido problemas constructivos y no disponibilidad de electrodomésticos indispensables como un refrigerador.

Buscar opciones en los municipios periféricos o perder la privacidad y compartir renta han sido mecanismos para compensar las altas cifras que piden por viviendas más céntricas o con mejores condiciones.

Si bien quedarse en La Habana debiera ser una opción y no una necesidad, siempre se decide por este camino ante la escasez de ofertas laborales atractivas, acordes al perfil del graduado en las provincias y, sobre todo, en los municipios.

Pero, para algunos, la decisión de quedarse se vuelve un ciclo de supervivencia e incertidumbre. Esos muchachos que sacan cuentas cada mes para que el alquiler no les prive de la comida, el transporte y otras necesidades básicas, resultan ser una parte no despreciable de la fuerza joven calificada del país. ¿Cómo enfrentar el dilema?