“No aceptamos pago online, solo efectivo”, le dice mientras guarda su teléfono en el bolso y da media vuelta para retirarse. Desanimada, trata de acceder al cajero más cercano, pues de comprarse los aretes puede prescindir en este momento, pero no de adquirir alimentos, aseo, trasladarse por la ciudad o pagar cualquier otro servicio básico para ella.
“Hay una pila de gente que todavía no acepta transferencia, porque después es un lío para extraer el dinero de los cajeros. Allí siempre hay tremendas colas, a veces no tienen efectivo y en casos extremos hasta se va la corriente y tienes que volver en otra oportunidad”, comenta con la chica que la acompaña a la vez que se aleja de la vendedora que acaba de perder a una compradora.
Te plantean la cuestión de forma muy sencilla: o lo tomas o lo dejas, y el cliente que “no siempre tiene otra opción”, debe resignarse y adquirir lo que desea en otra parte o buscar alguna de las vías existentes en la ciudad para extraer efectivo.
Algunos, por lo general, desisten ante la idea de tener que enfrentarse a una cola de horas frente a un cajero automático o desandar varios locales intentando encontrar una caja extra que satisfaga sus necesidades. Otros protestan, pero al parecer las réplicas caen en saco roto.
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Llama la atención que cuando apenas restan unos pocos días para que entre en vigor lo dispuesto por la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior, que establece el retiro de la licencia de trabajo a las entidades que no tengan habilitado el QR para operar por las pasarelas de pago, todavía existan muchos establecimientos que no tengan instituido este tipo de pago o se hagan los de la vista gorda para no ponerlo en práctica.
Más alarma que estén, incluso, los que establecen precios diferenciados para quienes pagan en efectivo y quienes lo hacen online, bonificando, por supuesto y contrario a lo establecido, a los que escogen la primera opción.
Por ejemplo, en la pasada Feria de Comercio Electrónico, los que elegían pagar la carne en efectivo debían abonar 550 pesos y 50 más quienes preferían la transferencia. Una irregularidad que, además de irrespetar y contradecir la esencia del espacio, implica una penalización, ilegal, a los consumidores.
Lo cierto es que a algunos les asusta la bancarización y la idea de ser más fiscalizados, pues entre otras ventajas esta resolución permitirá fortalecer el control sobre la declaración de los ingresos; y otorgará el derecho a los consumidores de decidir qué forma de pago se ajusta más a sus necesidades o preferencias.
La buena noticia es que a partir del 2 de febrero todos contaremos con la posibilidad de denunciar a quienes se nieguen a aceptar el pago electrónico como una vía más para la comercialización de sus bienes o prestación de sus servicios, o simplemente a quienes no cuenten con el código QR para tales fines, ya sean actores económicos estatales o no.
Impulsar los canales de pago electrónico dentro del perfeccionamiento del sistema de comercio en el país ha sido un propósito que, si bien se estimula desde hace varios años, hasta hace poco no alcanzaba los niveles deseados ni esperados, de ahí que establecer su obligatoriedad sea decisivo para avanzar en el proceso de bancarización.
Dentro de poco tendremos el derecho a decidir cómo pagamos. A las autoridades pertinentes corresponderá actuar en consecuencia para que se cumpla lo establecido y que el comercio electrónico no sea motivo de malas caras, malos tratos o punto de partida para nuevas ilegalidades.
