Pago electrónico de servicios.
Nos gustaría muchísimo dejar de hablar de la bancarización. Sería sumamente reconfortante que las violaciones, demoras, incomprensiones y obstáculos a este proceso concluyeran. Sin embargo, todavía un mes después de la entrada en vigor de la Resolución 93 de 2023 del Ministerio de Comercio Interior, tras la cual en teoría se debería poder escoger sin sobresaltos el método de pago de los servicios, persisten trabas e inercias que no permiten agotar el tema.
En estos momentos, la realidad limita el acceso a los establecimientos estatales y privados en la Atenas de Cuba, donde, tras un sondeo realizado en el centro de la ciudad, pudimos comprobar que gran parte de dichas entidades carece de canales electrónicos de pago legales. Hago la salvedad porque es necesario aclarar que el pago por transferencias a cuentas personales clasifica como evasión fiscal, aunque a muchos les solucione el dilema en el que nos han colocado las dilaciones de solicitud por parte de los actores económicos y las demoras en el proceso de aprobación y entrega del código QR.
Se trata de un cambio que nadie esperaba de un día para otro; no obstante, es alarmante la indiferencia de no pocos actores económicos al empleo de las pasarelas de pago electrónicas, una opción válida, incluso, si no ha sido aprobado el código QR, justificación aludida por la mayoría para posponer lo dispuesto por la ley.
Simplemente, mediante transferencia a la cuenta fiscal y no a una personal, como sucede en la actualidad, se solucionarían muchos de estos conflictos; pero parece que en este contexto es mucho más sencillo exigir el efectivo, que tan poco abunda, o evadir impuestos.
No fue suficiente el ultimátum de los dos meses hábiles desde la entrada en vigor de la resolución, sin mencionar que este es un servicio vigente hace años y que muy pocos establecimientos habían solicitado.
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Otra conclusión luego del sondeo es que tampoco parece preocupar el carácter obligatorio de la norma ni las multas o suspensión de la licencia para ejercer la actividad, lo cual evidencia otra cara del asunto: la impunidad con que actúan hoy quienes ejercen su actividad al margen de lo establecido.
A muchos les resulta más cómodo el pago en efectivo, contrario a la lógica de seguridad de estos procesos. Incluso, existen quienes se arrogan el derecho a no aceptar billetes de baja denominación.
Otro amplio grupo de artimañas integra el entramado que a diario burla la legalidad; y va desde aquellos que penalizan con cuotas de más a quienes pagan por transferencias, hasta los que se aprovechan de su “exclusividad” en el mercado al aceptarlas, para elevar los costos de sus productos. Eso sin hablar de otros métodos que se anuncian (lógicamente de manera informal), una vez aprobado el QR para evadir el impuesto que antes no pagaban tras la subdeclaración.
En un estado ideal de las circunstancias, la gente confiaría o preferiría el pago electrónico o por tarjeta, los dependientes lejos de colocar el QR en lugares poco visibles, ocultarlos u olvidarse a conveniencia de lo obligatorio del tema, incentivarían el uso de estos, porque les interesaría evitarse los depósitos o el trasiego de efectivos sin seguridad alguna.
La bancarización, un proceso vital para la economía cubana, tropieza constantemente en este entorno en el que las ilegalidades, la falta de rigor y los imprevistos tecnológicos continúan ralentizando su avance. Mientras, la población sigue sufriendo, en su día a día, las consecuencias.
