Un sector de la sociedad cubana, sobre todo de la emigración anexionista y trasnochada y sus innombrables acólitos acá en la Isla, lleva ya varias jornadas utilizando ingentes recursos y tiempo con el objetivo de crear un escenario de violación de derechos y de abuso del poder judicial en el país.

La trama en cuestión -la del momento, ya que bien sabemos que muy rápido pasan a otra, y después a otra- son los juicios a los principales acusados en los actos violentos del pasado 11 y 12 de julio en Cuba. Procesos que, bajo total cumplimiento de las garantías procesales, tratan ahora de convertir en otro show mediático, que les ofrezca una vez más los «likes» necesarios para continuar ganando miles de dólares de los contribuyentes norteamericanos y justifiquen ante los responsables de la política contra Cuba en esa nación, otra vuelta de tuerca en contra de las normales relaciones entre dos países soberanos.

El asunto es que han utilizado de todo -como en botica, diría mi abuela-. Desde afirmar que hay cientos de niños siendo juzgados -y encarcelados- ahora mismo, hasta decir -escuchen bien-, que los que están bajo juicio «es lo mejor de la juventud cubana» o que son «presos políticos». Además de no olvidárseles mencionar las ya cansonas escenas de torturas, desapariciones, amenazas y linchamientos que cacarean ante perfiles de redes sociales, televisoras y otros medios de comunicación, como si en vez de en Cuba, viviéramos en el Chile o la Argentina de las dictaduras del siglo pasado.

Hipocresía de la buena, ya que en Cuba no se procesa penalmente a ningún menor de 16 años, que es la edad legalmente establecida para tener Carnet de Identidad, votar o enfrentar juicios por delitos cometidos.

No obstante, fue en Estados Unidos, el pasado año, cuando los niños continuaron siendo criminalizados a un ritmo alarmante y las disparidades persisten en la aplicación de la justicia. Un informe del Fondo Child Defender, una organización sin fines de lucro de defensa de los niños, con sede en Washington, señala que los niños en situación de pobreza, de color, con discapacidades, con problemas de salud mental y abuso de sustancias, sujetos a abuso y/u otra violencia, o de las comunidades LGBTQ, son expulsados de sus escuelas y hogares hacia los sistemas de justicia juvenil o penal para adultos.

No fue en Cuba, cuando en 2019, fueron arrestados más de 696 mil menores, y en una sola noche de ese año 653 fueron encarcelados en prisiones de adultos. Fue en Estados Unidos, la meca de la democracia que nos quieren vender estos trasnochados; un país, además, que es el único del mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y que permite que menores de edad sean sometidos a confinamiento solitario, cadenas perpetuas y otras atrocidades.

Ahora bien, los incidentes acaecidos el 11 y 12 de julio de ninguna manera califican como «manifestaciones pacíficas». Resulta muy infantil querer disfrazar los disturbios, los desórdenes, el vandalismo y la violencia desatada por algunos en esas jornadas como hechos «por la libertad y la democracia», y no entender que en realidad no fueron más que el resultado de un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos, sus múltiples «think tanks» y agencias, para ejercer la mayor presión posible contra nuestro país, en momentos en que nos batíamos bien duro contra la pandemia y para echar adelante una Cuba hostigada por el recrudecimiento del bloqueo y las brutales restricciones que impone a todo nuestro pueblo.

No se le puede coartar a un pueblo su derecho a defenderse. Otro mito que quieren crear, y en el que pretenden atarnos de manos ante delitos que tienen -y deben ser juzgados- por su peligrosidad y por atentar contra uno de los más grandes logros de la Revolución Cubana: la tranquilidad ciudadana.

En ese sentido, un reciente informe publicado por la Fiscalía General de la República destaca que esa institución «recibió, una vez concluida la investigación, 117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden. El 21 % de estas personas tenían antecedentes penales».

¿Qué pueblo, que país, no juzgaría tales hechos? ¿Bajo qué principio deben quedar impunes estas ilegalidades? Pese a ello, los juicios que tanto critican, y por los que gastan chorros de tinta, han sido realizados en estricto apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado, el respeto al derecho de todos los ciudadanos y en el marco de la legalidad, las leyes y la Constitución vigentes, y las sanciones solicitadas están en correspondencia con la gravedad de los delitos cometidos, el nivel de participación y el daño causado, acorde a lo establecido en la legislación penal vigente en el país. No hay una prueba que demuestre lo contrario, y por eso apelan a la mentira, a la confusión, a la manipulación.

Carecen de moral -y vergüenza- para hablar de derechos humanos y justicia. ¿Por qué no les preocupan los trece líderes sociales asesinados en Colombia solo en este 2022? ¿Por qué no ayudan a paliar la inseguridad política y alimentaria de Haití? ¿Por qué no reclaman soluciones para Brasil, uno de los tres países más castigados por la pandemia en el mundo? Sin embargo, desde Cuba, sí hemos tratado, y tratamos, en medio de nuestras restricciones, de colaborar con nuestros hermanos, más allá de la identidad política de sus gobiernos.

Cuba -y su pueblo- seguirá adelante en el empeño de construir una sociedad inclusiva, socialista, próspera y sostenible, y en la que «el culto a la dignidad plena del hombre» continúe como fundamento primordial del Estado cubano. Eso les duele a ellos más que cualquier sanción a criminales comunes.