A tono con las nuevas directivas aprobadas por el Consejo de Ministros de Cuba para la prevención y enfrentamiento al delito y la ilegalidad, en la provincia de Matanzas revigorizan un sistema de trabajo para incidir sobre 11 frentes considerados de importancia cardinal.

En encuentro reciente del grupo temporal creado para atender el asunto, presidido por las máximas autoridades políticas y gubernamentales en el territorio, se conoció que organismos y entidades como la Dirección Estatal de Comercio, Agricultura, Dirección provincial de Finanzas y Precios, y Transporte, entre otros, desarrollan acciones combinadas para la lucha contra las referidas problemáticas.

Un informe oficial del Gobierno refleja que en un período de seis días en la semana más reciente la Dirección Estatal de Comercio desarrolló 266 controles a unidades de Comercio y de Gastronomía, que derivaron en 10 multas por violaciones de precios con monto de 46 mil 500 pesos.

Señala el texto que las principales violaciones detectadas fueron la falta de documentos que acrediten la licitud de la mercancía y la contratación del espacio público que utilizan, así como también la ausencia del proyecto de trabajo que autorice la actividad por cuentapropia.

Por otra parte, la Dirección de Finanzas y Precios en el occidental territorio efectuó en la etapa 23 revisiones de fichas de costo, de las cuales 11 fueron modificadas, mientras Transporte cumplió con 91 acciones, apercibió a 89 conductores y aplicó dos multas por un valor de mil pesos.

Mario Sabines Lorenzo, gobernador de Matanzas, aseguró que ya se aprecia en la provincia el impacto de la tarea, aunque resta mucho por perfeccionar en el afán de reducir en mayor medida el delito, la ilegalidad, la corrupción y la indisciplina social.

Entre otros aspectos, las directivas aprobadas por el Gobierno cubano incluyen un sistema de control para los nuevos actores económicos; el diseño del estudio de las personas con conductas o comportamientos marginales y la caracterización de la población apta para trabajar que se encuentre desvinculada de la escuela y el trabajo.

Además, plantea la implementación, a partir del próximo curso, de opciones para la inserción diferenciada en los niveles de enseñanza de adolescentes y jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social; y acciones de control para reducir el robo de todo tipo.