Desde el municipio de Colón remitió su misiva la ciudadana Nancy Patricia Amador Herrera, vecina de la calle Clotilde García, No. 35, entre Joaquín Pola y Céspedes, quien acudió a la unidad de Bufetes Colectivos de esa localidad para obtener una certificación de estudios terminados a favor de Yanisleidys Abascal Pompa.

Explica Nancy Patricia que el hecho ocurrió el pasado 10 de noviembre de 2023. “El 29 de enero último me presenté en dicha institución para recoger el documento y allí me dijeron que no estaba e, incluso, podía demorar hasta seis meses más”.

Alega, por otra parte, que desde el Minrex le respondieron que ese trámite no ha entrado a su sistema automatizado de legalizaciones. Entonces, cuestiona: “No resulta creíble que un proceso nada barato exceda 45 días y, por consiguiente, el cliente no lo tenga aún en sus manos”, concluye.

Con ejemplar eficiencia y eficacia se pronunció Sergio Jorge Pagés Valdés, director provincial de Bufetes Colectivos, quien de inmediato remitió el planteamiento a la subdirectora técnica de dicha institución, María Matilde Rodríguez González, encargada de los análisis de rigor.

La contestación argumenta que, en efecto, en la fecha antes citada Nancy Patricia suscribió contrato de servicios jurídicos No. 01348, en el Bufete Colectivo de Colón, con la licenciada Yunise Fundora Fernández. El propósito fue procurar, ante la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM), la certificación de notas de Licenciatura en Tecnología de la Salud, perfil Terapia Física y Rehabilitación, a favor de Yanisleidys Abascal Pompa.

“En las instrucciones al contratante, explícitas en el convenio de servicios jurídicos, se aclara que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos no garantiza el cumplimiento de los términos de tramitación por las instituciones a las cuales les corresponde emitir y legalizar documentos. No obstante, el caso ya fue solicitado a la UCMM”.

Durante las pesquisas, se conoció que la lectora estableció contrato solo para adquirir dicho papel, no para legalizarlo. Por ende, nunca se incluirá en el sistema digital del Minrex. 

Para más argumentación, el propio Pagés Valdés contactó vía telefónica a la demandante, y la citó para que asistiera al Bufete Colectivo de su localidad, el 15 de febrero, a las 11:00 a. m. El propósito consistía en que la afectada se entrevistara con Edadny Hernández Gutiérrez, coordinadora provincial del Bufete de Servicios Especializados. Allí recibiría información de manera presencial y actualizada, que la ayudaría a aclarar sus dudas al respecto, pero “se negó imperativamente”.

Alega además el directivo que “la UCMM presenta considerable atraso en la emisión de documentos docentes (alrededor de 600 retrasados), lo cual influye en la demora de la prestación por Bufetes Colectivos. A ello se suma la carencia de condiciones objetivas para realizar el trabajo por insuficiencia de personal y otros recursos materiales”.

Agradezco de antemano la ágil y eficaz respuesta, si bien la perjudicada no ha podido aún resolver el problema. Las instituciones implicadas, en este caso la UCMM, ha de llamarse a capítulo y solventar cuanto antes las deficiencias señaladas que ocasionan la excesiva morosidad. Porque, al decir de Nancy Patricia, el proceso se paga y cuesta bien caro.