Un carácter ilícito tiene la marcha con fines desestabilizadores convocada para desarrollarse de manera simultánea en varios territorios del país, según han declarado mediante un comunicado las autoridades de varios municipios de provincias cubanas como La Habana, Villa Clara y Las Tunas.
De acuerdo con esta respuesta, el artículo 56 de la Constitución, que se menciona como sustento legal de la convocatoria, dispone entre los requisitos para el ejercicio del derecho a la manifestación la licitud y «el respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley».
«En cuanto a la licitud, no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha», indica la misiva.
Se argumenta para la decisión que «los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba.
«Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de «cambio de régimen» para Cuba, ensayada en otros países», agregan.
Destacan las autoridades gubernamentales que «apenas se anunció, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar».
Como parte del documento, citan el artículo 45 de nuestra Carta Magna, el cual refiere que el «ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes».
También citan el artículo 4, donde se define que «el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable» por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita.
Agregan que «la Constitución de la República fue debatida ampliamente y aprobada en referendo por el 86,85 por ciento de los votantes, abrumadora mayoría que escogió de manera soberana y libre el sistema socialista, su irrevocabilidad y el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido».
De manera contundente y clara, la declaración concluye explicando que «Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, es evidente que, si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha».
Foto: Portal del Gobierno de La Habana
Tomado de Granma