El recién concluido proceso eleccionario ha permitido a los electores cubanos desde una posición protagónica, activa y determinante, legitimar a los diputados que constituirán próximamente la nueva legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Han sido jornadas intensas en el plano político, a fin de que se llevara a cabo un proceso transparente y consciente, donde los medios de comunicación han jugado un papel esencial, informando acerca de la concepción de las candidaturas y exponiendo las características de todos los candidatos, sus méritos y compromiso. Igualmente se han difundido múltiples intercambios de estos con sus electores, que han servido de espacios oportunos para plantearles inconformidades y preocupaciones.
Este escenario político revive cada 5 años y se convierte en plataforma propicia para educar y concientizar sobre los derechos de participación que en su entorno se manifiestan y ejercen, sobre todo vinculados con la inscripción en el registro de electores, la nominación y el voto, además de la posibilidad posterior de control de los elegidos, sumamente necesaria. A estos temas hemos dedicado espacios en las publicaciones de las últimas semanas de “Pensar el Derecho”, precisamente por su trascendencia política e instrumentación jurídica.
En las votaciones del pasado domingo 26 de marzo, según los resultados divulgados por el Consejo Electoral Nacional fueron electos los 470 diputados que integraban la candidatura, quienes obtuvieron más de la mitad de los votos válidos, por lo que resulta loable tornar la mirada hacia los retos que deberán vencer en el ejercicio de sus funciones.
Asumir una responsabilidad de esta envergadura constituye un desafío indudable en los tiempos que corren, tiempos de crisis económica, inflación y carencias sensibles en varios órdenes. Los problemas nacionales resultan atribuibles a diversas causas, externas, internas, subjetivas u objetivas, lo cierto es que el escenario resulta complejo y debe ser objetivo esencial el fortalecimiento del consenso y de la confianza popular en las instituciones estatales y gubernamentales como máximas responsables de enfrentar los problemas cotidianos del país y trabajar incansablemente por resolverlos.
He aquí que el primer reto consiste en continuar sumando a los cubanos al proyecto profundamente social que propone la Constitución y para ello debe constituir guía imprescindible el trabajo permanente de nuestros diputados, como figuras que aglutinen, organicen y comprometan a todas las personas a cumplir con su parte en la construcción de la anhelada sociedad próspera para nuestro país. Resultan valores imprescindibles en ese empeño, el ejemplo, la humildad y la objetividad para analizar los problemas y proponer soluciones.
Es preciso que se dialogue permanentemente con el pueblo, lo que implica retroalimentación. Debe potenciarse cada vez más la capacidad de escuchar sin que necesariamente ello conlleve una respuesta o justificación ante determinada crítica u opinión. Los problemas populares deben sentirse como propios, el trabajo debe ser sostenido, permanente, incansable y perceptible, pues no solo se precisan esfuerzos, sino también resultados.
Además del desempeño de cada uno en sus escenarios laborales, de dirección, etcétera, debe propiciarse el contacto permanente con el pueblo y en especial con sus electores. Independientemente de que los Diputados ostenten representación nacional, fortalecer el vínculo con la comunidad que los ha colocado en la Asamblea Nacional del Poder Popular resulta esencial. En tal sentido debe reconocerse el impacto positivo que han tenido las visitas realizadas por los candidatos en las últimas semanas, a barrios y comunidades de los municipios donde integraron las candidaturas. Esta práctica, ampliamente divulgada por los medios de difusión, debe continuar promoviéndose con periodicidad pues, aunque la comunicación fluye de manera natural en los casos de aquellos diputados que además son delegados de circunscripciones, existe un porciento importante que no ostenta esta dualidad.
Al respecto constituye un referente importante el artículo 101 constitucional que, en cuanto a los principios de organización y funcionamiento de los órganos del Estado, establece en su inciso g) que: la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados.
El capítulo II del Título VI, del texto constitucional, en su sección segunda recoge una serie de artículos referidos especialmente a los diputados, sus deberes y obligaciones. El artículo 113 establece que estos tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener vínculo con sus electores, atender sus planteamientos, sugerencias, críticas y explicarles la política del Estado. Asimismo, rendirán cuenta del cumplimiento de sus funciones como tal, según lo establecido en la ley. Para lograr dicho vínculo, el propio precepto establece que la Asamblea Nacional adopta las medidas que garanticen la adecuada vinculación de los diputados con sus electores y con los órganos locales del Poder Popular en el territorio donde fueron elegidos.
Por otra parte, pero en relación directa con las reflexiones anteriores, nuestra suprema ley promueve dos valores inherentes a la actuación del Estado, sus órganos y funcionarios: la responsabilidad y la trasparencia (artículo 101 inciso h). Esta última no implica solo información sobre el ejercicio de sus funciones, sino que debe ser baluarte de su actuación cotidiana.
Los diputados y el Derecho…
Para abordar este vínculo debe partirse inevitablemente a la Constitución de 2019, la que se constituye en plataforma para erigir la sociedad que seguimos construyendo y perfeccionando. En nuestra disposición normativa suprema se establecen las funciones que deberán desempeñar los diputados recientemente electos y su trascendencia deriva de que constituirán el supremo órgano de poder del Estado cubano (artículo 102 constitucional) y elegirán de entre sus miembros a importantes órganos y personas que ocupan cargos de máxima jerarquía en su estructuración.
Desde el primero de sus artículos, cuando declara la Constitución a nuestro Estado como socialista de derecho y justicia social, impone a todos, la obligación de respetar el Derecho, no solo desde la consagración de los principios de legalidad y supremacía constitucional, sino en armonía con la justicia como supremo valor, con una proyección social coherente con el proyecto revolucionario. Ello demanda sensibilidad, pero también rigor, requiere conocimientos respecto a nuestras leyes y una conciencia jurídica que debe cultivarse como exigencia imprescindible para el buen desempeño de esta función.
De este modo, defender la Constitución y trabajar siempre conforme a las pautas jurídicas que establece nuestro ordenamiento, superarse cada día para valorar con agudeza las leyes que deberá aprobar la próxima legislatura y tributar a que estas se fertilicen con sus criterios apegados a las necesidades populares, serán retos cardinales para los futuros legisladores. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución, el país ha vivido un período de gran intensidad legislativa, que no ha concluido aún, luego de años en los que esta tarea no tuvo el dinamismo requerido.
La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República, tal como dispone el artículo 103, lo que refuerza su condición de órgano cúspide en la diagramación institucional del Estado.
En armonía con las funciones que de ello se derivan, además, posee la facultad de interpretación constitucional y legal que le resulta expresamente reconocida en el artículo 108 inciso b). Aunque no ha sido usual su utilización en Cuba, pudiera ser muy útil en caso de que se promoviera una interpretación frecuente que aleje a la práctica de la ratio esencial de una norma constitucional o legal que por su trascendencia requiera una interpretación que la doctrina denomina como auténtica, pues la realiza el propio órgano que creó el cuerpo normativo que contiene la norma controvertida. Del mismo modo, el inciso precedente de este propio artículo, legitima a la Asamblea para acordar reformas de la Constitución y el inciso e) la faculta para ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley.
Este tema resulta ciertamente polémico en el ámbito patrio y merece por ello una mirada particular en próximos espacios de esta columna. Pero lo cierto es que la Asamblea Nacional, como se ha podido constatar, se convierte en guardiana de la Constitución pues la elabora, la interpreta, la cumple y controla la coherencia que con ella debe guardar el resto del ordenamiento, lo que llama la atención a nuestros diputados en cuanto a la enorme responsabilidad que en ese sentido asumirán por los próximos 5 años.
Como miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, además…
Nuestros diputados asumen otras importantes atribuciones del órgano que integran, listadas en el artículo 109 constitucional ya que es la Asamblea Nacional quien: elige al Presidente y al Vicepresidente de la República, así como a su Presidente, Vicepresidente y Secretario y a los integrantes del Consejo de Estado. Además, designa, a propuesta del Presidente de la República, al Primer Ministro, a los Viceprimeros Ministros y demás miembros del Consejo de Ministros.
Igualmente es la facultada para elegir al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República y al Contralor General de la República, así como al Presidente y a los demás integrantes del Consejo Electoral Nacional, entre otros. En consonancia, es también la Asamblea Nacional quien puede revocar o sustituir a las personas elegidas o designadas por ella.
Resultan trascendentales igualmente diversas responsabilidades que como parte del supremo órgano de poder deberán asumir los diputados, vinculadas al desarrollo económico y social del país, el presupuesto estatal, los sistemas monetario, financiero y fiscal, los tributos, la fiscalización de los órganos del Estado, los sistemas empresariales más importantes, entre muchas otras previstas en el artículo 108 de la Constitución. Cada una de ella genera importantes compromisos con el presente y futuro de la nación y comprenderlas para asumirlas con entrega y conciencia plena de su trascendencia, se constituye en punto de partida para los elegidos.
Es esta una tarea sin descanso, que no se circunscribe a los periodos en que sesione la Asamblea Nacional, sino que la constancia en el trabajo de los Diputados se despliega en las Comisiones Permanentes a las que se integran, trabajo que requiere ser más divulgado por nuestros medios pues esta labor constante implica incondicional entrega de hombres y mujeres que mantienen el vínculo con sus centros laborales y desarrollan sus funciones habituales, las que deben armonizar con la suprema responsabilidad de representar al pueblo en el escenario de las grandes decisiones del país.
Sirvan estas reflexiones para comenzar a comprender a cabalidad la inmensa responsabilidad que con el voto han depositado en ellos sus electores, quienes les exigirán igualmente trabajo y empeño en la labor que demanda el complejo contexto nacional y mundial, para que se abra paso un futuro mejor para Cuba y los cubanos.
