“En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro personas en movilidad es un niño o una niña, la proporción más alta en el mundo. Ellos han dejado sus hogares, sus escuelas y, a veces, sus familias para enfrentar una ruta llena de peligros”, afirmó Garry Conille, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
En el marco de los 16 días de activismo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) exhortaron en un llamado conjunto a los países de la región a incrementar de forma significativa y sostenida los presupuestos públicos para la protección integral de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad.
De acuerdo a estimaciones publicadas en el Portal de Datos sobre Migración, el Las Américas se reportan 73.5 millones de migrantes internacionales y 22.1 millones de personas desplazadas forzosamente, con necesidades de protección internacional, o en necesidad de asistencia humanitaria. De ellas, se estima que el 46% – casi 10 millones- son mujeres, adolescentes y niñas .
“Los motores de la movilidad humana y del desplazamiento forzado están definidos por las vulnerabilidades preexistentes, las desigualdades, y los roles tradicionales de género. En particular, las mujeres y niñas se ven afectadas por oportunidades laborales limitadas, por los efectos del cambio climático; por una mayor exposición a la violencia basada en género en contextos de crimen organizado, cuando esta es una táctica para el ejercicio del control territorial por parte de grupos criminales organizados; y por la necesidad de protegerse a sí mismas y a sus familias, exponiendo a las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a un continuum de violencias en el origen, en el tránsito y en las comunidades de destino”, advirtió María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
De acuerdo a los registros del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM solo en 2023 el continente se reportan 1094 personas migrantes que han perdido la vida, de las cuales el 14% corresponde a mujeres y el 41% a casos sin identificar.
Durante el tránsito y en las comunidades de acogida, las mujeres, adolescentes y niñas utilizan rutas frecuentemente inseguras en donde sus derechos se ven condicionados por la falta de servicios básicos como salud, salud sexual y reproductiva, educación y cuidado. A ello se añade la inseguridad de las rutas de desplazamiento, por lo general altamente militarizadas y carentes de presencia institucional. Tales condiciones colocan a las mujeres, adolescentes y niñas en una situación mayor de vulnerabilidad a la trata de personas con fines de explotación sexual, a la violencia y a la desaparición forzada.
Según una encuesta regional de mujeres en situación de movilidad, el 62% manifestó sentirse insegura o muy insegura durante el viaje y una de cada tres señaló sentirse insegura en el lugar de destino.
Según sostuvo José Samaniego, Director Regional de ACNUR para las Américas:
“En situaciones de desplazamiento forzado y movilidad humana, el riesgo de sufrir violencia de género aumenta significativamente, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. La falta de presencia institucional en las rutas de desplazamiento aumenta este riesgo, exponiéndolas a amenazas como la violencia sexual, violencia física y desaparición forzada. Un enfoque de prevención y respuesta integral es clave para proteger sus derechos y seguridad en estas situaciones críticas”.
Con el objetivo de minimizar los factores de exclusión y expulsión, se plantearon como ejes esenciales de trabajo coordinado mejorar la inversión a través de la generación de oportunidades económicas, estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Asimismo, se aboga por abordar las fuentes de violencia que afectan a mujeres, adolescentes y niñas en contextos de discriminación, violencia y conflictividad no tradicional.
En el ámbito de la prestación de servicios públicos, se ponderó la importancia de consolidar servicios de calidad centrados en las necesidades de las personas, incluído un enfoque de género, generacional e interseccional para asegurar el acceso y disfrute de derechos fundamentales como la seguridad, educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, salud mental, servicios de cuidado y acceso a la justicia.
Garantizar el acceso a la documentación necesaria sobre identidad, ciudadanía y situación regular para las personas en situación de movilidad humana resulta otro punto clave para disminuir los efectos de la movilidad en este grupo poblacional, así como abogar por fortalecer las comunidades de acogida temporal y de destino, fomentando la articulación con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, adolescentes y feministas.
¨Es indispensable el trabajo coordinado de la cooperación internacional y los Estados para que los servicios que salvan vidas sean más accesibles, especialmente de salud sexual y reproductiva, los psicosociales y de protección¨, dijo Susana Sottoli, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). “Debemos poner a las niñas y las mujeres en el centro de las políticas y las intervenciones relacionadas con la movilidad humana para asegurar que ellas estén a salvo y puedan hacer realidad sus proyectos de vida”.
