Con novedades en cuanto a la forma de detectar violaciones infraganti y el desempeño censurable de no pocos comerciantes estatales y privados transcurrió el mes de mayo último donde los inspectores de la Dirección territorial de Matanzas no detuvieron su andar por las comunidades urbanas y rurales e impusieron 619 multas, ascendentes a 793 100 pesos.
Por ejemplo, no poseer actualizada la línea de pago mediante el QR o Enzona, que debe poseer todo
comerciante, incluidos los carretilleros de ventas legales o, en su defecto, el documento que demuestre hallarse en proceso de obtenerlo. Es obligatorio que se tenga el teléfono móvil para realizar dicha transacción comercial.
No se debe desafiar lo impuesto por Decretos y leyes, y mucho menos cuando se trate
de respetar peso y precios en los mercados afines. Fotos: Tomadas de Internet
Yanet Vázquez Fragoso, jefa del grupo de inspectores yumurinos, precisó en la información brindada a
Girón que en el transcurso de ese periodo, por el Decreto-30, referido a la política de precios, impusieron 153 multas por valor de 651 500 pesos, e incluyó precios no visibles, pizarras no actualizadas, violación de costos de los diversos artículos alimentarios o no, y no poseer las facturas de los productos expuestos para la comercialización directa a la población.
Fueron multados, además, quienes no contaban con la documentación legal de cuanto venden por
cualquier vía, con cobro en línea como parte del sistema de bancarización que lleva adelante el país para todo su sistema comercial estatal y privado, lo que implica aumentar el empleo de canales electrónicos de pago, mientras se reduce gradualmente el uso de dinero en efectivo.
Por el Decreto-45, para trabajadores por cuenta propia, se aplicaron 110 multas por valor de 111 000
pesos. Durante sus visitas a esto lugares los inspectores detectaron violación de proyectos, falta de la
documentación adecuada o no poseerla e ilegalidades se sentido general. En total se aplicaron cinco
multas por un monto de 20 mil pesos.
En cuanto a las violaciones relacionadas con el ornato público, Decreto-272, obstrucción de calles y
aceras por residuos de construcciones y materiales –arena, cemento, bloques,etc– destinados a esos
menesteres, con peligro para los peatones, se impusieron nueve multas por valor de 900 pesos.
En cuanto a higiene comunal, contenido en el último Decreto, fueron puestas 28 multas ascendentes a
970 pesos, al arrojar, a la vía pública, desechos sólidos, y creación de vertederos en lugares no
apropiados.
También hubo 189 apercibimientos, 25 visitas sin detectarse violaciones y se aplicó una venta forzosa.
Es necesario que los inspectores posean los recursos necesarios para detectar violaciones en las pesas, al contener estas sistemas de engaño mediante pesos que ayuden al comerciante a “estafar” en peso y
costo al cliente. También que se señalen los precios del arroz del mes, pues no siempre cuesta igual.
De igual forma que se apriete la mano a los carretilleros y panaderos abusadores, no pocas veces
ilegales, por sus exorbitantes precios, más bien abusadores sin límites.
Observar si se cumple cada requisito en pizarras, documentos y artículos puestos a la
venta es una de las tareas de los inspectores.
Velar, además, por evitar ventas de leche fluida a precios enormemente elevados, la misma que se
expende para los niños, lo cual se ha detectado en no pocos mercados (bodegas y combinados).
Aplicar lo dispuesto sin vacilación debe ser la premisa fundamental de los inspectores en cualquier lugar donde se detecte el fraude de quienes lucran con el sudor ajeno.
