A dos años hoy de que Estados Unidos limitara los vuelos chárter públicos desde ese país exclusivamente al aeropuerto de esta capital, crece el impacto negativo de esa medida en las familias cubanas.
El 10 de marzo de 2020 comenzó a regir esta limitación, unida a una similar adoptada por la administración del presidente Donald Trump en octubre de 2019, mediante la cual se prohibieron los vuelos comerciales a todas las ciudades de Cuba con la excepción de La Habana.
Al entrar en vigor, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, calificó el hecho como un paso más para aislar a las familias cubanas a uno y otro lado y una sanción directa del imperio para asfixiar a la economía cubana. La obsesión con cortar el flujo de transporte entre ambos países tuvo un nuevo capítulo con el anuncio en agosto de 2020 de la suspensión de los vuelos chárter privados a todos los aeropuertos de Cuba, incluido el de La Habana.
Con anterioridad, Trump había revocado las autorizaciones que permitían a empresas estadounidenses alquilar aviones a aerolíneas del Gobierno cubano, así como la suspensión de los cruceros y los viajes educativos grupales.
El incremento de los costos de pasajes y transportación es uno de los primeros impactos de esta medida, que además limita la movilidad de personas con limitaciones físicas, adultos mayores y niños que, en caso de residir fuera de La Habana, deben viajar varios kilómetros para llegar a sus destinos finales.
Las limitaciones que impuso a la transportación aérea la pandemia de Covid-19 tuvieron un efecto más profundo en lo que respecta a las conexiones entre Estados Unidos y Cuba que se tradujo fundamentalmente en un incremento del precio de los pasajes y una mayor reducción del número de vuelos.
No obstante, los argumentos expuestos por las autoridades norteamericanas para justificar su proceder llegaron a plantear que se actuaba para apoyar al pueblo cubano.
Con cerca de dos millones de residentes y a unos 180 kilómetros de distancia, Estados Unidos es uno de los principales centros de la diáspora cubana, sin embargo, el normal flujo de viajeros entre ambos países fue interrumpido artificialmente en varias ocasiones por motivos políticos.
Ello explica que en diciembre de 2015, durante el proceso de normalización de los nexos, se firmó un acuerdo para restablecer los vuelos regulares directos, lo que sirvió para fomentar los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla.
El gobierno cubano reiteró en varias ocasiones su motivación por sostener una relación constructiva con los nacionales residentes en otros países, no obstante, en el caso estadounidense las relaciones familiares son utilizadas con fines electorales.
A la restricción de viajes se sumó el cierre de los servicios consulares en La Habana con infundados pretextos de seguridad en la embajada de Washington en Cuba y aunque recientemente se anunció la reapertura paulatina de estos, aun no se ha definido una fecha y se realizarán de forma muy limitada.
Por esta razón todavía la mayoría de los cubanos tendrán que viajar a un tercer país para efectuar sus trámites de visado, con el consecuente incremento de los costos económicos.
Washington tampoco cumple los acuerdos migratorios de 1984 y 1994 de otorgar 20 mil visas anuales.
La politización de este asunto, en el que también tiene su peso la Ley de Ajuste Cubano, propició en los últimos años la migración irregular de los cubanos hacia Estados Unidos.
El impacto en las familias y la aparición de redes de tráfico de personas asociadas a esta situación refuerzan la apuesta de las autoridades de la isla por una migración ordenada legal y segura desde Cuba.
